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    Fecha de publicación:
    Viernes, 05 de junio de 2015

    “Mafia del oro”: Casación dejó sin efecto la probation que había sido concedida a un grupo de imputados

    La Sala IV revocó un fallo de un tribunal oral, con fundamento en las características y gravedad de los hechos investigados, entre otras cuestiones. Se investigan los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, revocó el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal que concedió la suspensión del juicio a prueba a numerosos imputados por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública en el caso conocido como “Mafia del Oro” en el que se investiga un perjuicio millonario al Estado.

    Se trata de un caso en que deberá juzgarse los hechos que habría llevado adelante el llamado Grupo Piana, cuyos integrantes montaron y utilizaron una estructura empresarial para defraudar al Estado Nacional mediante la simulación de cadenas de operaciones comerciales entre empresas que permitía el reintegro de impuestos que nunca habían ingresado al erario público.

    Concretamente, diversas firmas figuraban haciendo trabajos sobre productos que se destinaban al mercado exterior y que permitían el reintegro del impuesto al valor agregado, cuando tales laborales nunca tuvieron lugar ya sea porque las empresas no existían, o bien, carecían de actividad.

    Por esa vía, la organización delictiva, que además contaban con la presunta participación de funcionarios públicos, habría realizado 19 hechos de defraudación contra la Administración Pública por una suma millonaria cercana a los 20 millones de pesos.

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la suspensión del juicio a prueba con fundamento en las características y gravedad de los hechos atribuidos, en la existencia de un obstáculo legal derivado de la condición de funcionario público de algunos imputados y en los compromisos asumidos por el Estado argentino en lucha contra la corrupción.

     

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