Según la información reflejada en el “Mapa de acceso a justicia” presentado el último martes por la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, todas las provincias del país ya implementaron métodos alternativos de solución de conflictos.

Del relevamiento de la información surge, por ejemplo, que la mediación se ha implementado, con diferentes grados de desarrollo, en veintiún (21) jurisdicciones. Además existe una amplia gama de soluciones alternativas como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al ciudadano, las casas de justicia y las oficinas de violencia doméstica, entre otras.

Durante la presentación, Highton señaló que a través del trabajo de los  “jueces de paz” y las “casas de justicia” se accede a modalidades específicas de cada jurisdicción, por medio de la lectura de la información y del acceso a material audiovisual. El trabajo, continuó la ministra, posibilita tomar conocimiento de  problemáticas en crecimiento como son la violencia doméstica y la atención a la víctima.

El mapa, que está disponible on line en el sitio web de la Corte (www.csjn.gov.ar), fue elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia que preside Highton e integran jueces nacionales, federales y provinciales de todo el país. Permite acceder de manera rápida a la información existente (y actualizada en forma permanente) sobre los métodos de resolución alternativa de conflictos implementados en el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como local.

En este sentido, Highton afirmó en la presentación que “acceso a justicia no implica acceso a una sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías”.

Algunas de  las vías de acceso que desde el Poder Judicial se ofrecen al ciudadano de manera gratuita para brindar asesoramiento y orientación acerca de la manera más adecuada de resolver sus conflictos son:

Arbitraje: Es un mecanismo de resolución de conflictos que requiere en nuestro país de actualización normativa acorde con las necesidades tanto nacionales (arbitraje doméstico) como internacionales. El juez interviniente ofrece a las partes la forma o modelo más adecuada de acuerdo al tipo de conflicto.
Conciliación: es el mecanismo por el cual un tercero ayuda a las partes a negociar sobre la base de sus intereses y necesidades, pudiendo emitir opinión. Se prevé que la audiencia debe ser presidida por el juez inexcusablemente. La oportunidad es única porque en tanto el procedimiento es escrito, éste será el momento de intercambio directo entre las partes, sus abogados y el juez con miras a la auto composición del litigio.

Mediación: La Ley 24573 instituye la mediación prejudicial obligatoria para las causas que se inicien en la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal Civil y Comercial con las excepciones establecidas en los art. 2 y 3 de la ley. En algunos casos (desalojo y procesos de ejecución) es optativo para el reclamante y en tal caso, obligatoria la concurrencia a la audiencia de mediación para el requerido.

Tribunal Multipuertas: Está concebido como un centro de resolución de disputas que se fundamenta en la tesis de que existen ventajas y desventajas para una caso específico que hacen aconsejable diferentes formas de resolución de disputas. Por lo tanto, en lugar de instalar una sola puerta para obtener un servicio de justicia, debe darse la opción de que los usuarios puedan acceder a la puerta que sea más apropiada a la naturaleza del caso o de las partes. Una Mesa de Entradas centralizada y un centro de diagnóstico para escrutar los casos para posterior derivación al método de solución más adecuado al caso, es lo que caracteriza al modelo Multipuertas para diferenciarlo de otro tipo de programas conectados a los Tribunales.

Violencia doméstica: La Corte Suprema dispuso la creación de la Oficina de Atención para Casos de Violencia Doméstica, que desarrolla sus actividades las 24 horas, todos los días del año, para poder ofrecer a la persona afectada la posibilidad de solicitar una intervención judicial en cualquier momento sin las limitaciones impuestas por los horarios de atención de las distintas dependencias del Poder Judicial.