El Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza tiene previsto dar a conocer este viernes la sentencia en un juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante la última dictadura.

Se encuentran imputados: Dardo Migno Pipaon, Alcides París Francisca, Paulino Enrique Furió, Ramón Angel Puebla, Juan Agustín Oyarzabal, Armando Fernández, Fernando Morelado, Juan Antonio Garibote, Aldo Patrocinio Bruno Pérez y Ricardo Benjamín Miranda.

El tribunal está integrado por los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Burad y Alejandro Nocetti Achával.

Las víctimas son:

Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Sosa, Oscar Guidone, Martín Lecea, Roberto Vélez, Blanca Santamaría, Ángeles Gutiérrez, Roberto Blanco, Miguel Ponsteau, Oscar Ramos y Oscar Iturgay.

Se trata del tercer proceso que llega instancia de debate en esa provincia.
 

Las penas solicitadas

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (querella) solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para todos los imputados, que deberá cumplirse en cárcel común, en caso de que el Tribunal los condene, se haga efectiva desde ese momento atento la posibilidad de que puedan profugarse. Asimismo esa parte querellante formuló el pedido de compulsas.

La Fiscalía pidió prisión  perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas para Oyarzabal, Furió, Fernández, París Francisca, Garibote,  Patrocinio Bruno y Morelato, y con respecto a Migno Pipaon solicitó la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y costas, unificando con la condena en los autos 001-M de este Tribunal en la pena única de 20 años. A Puebla, 20 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y costas. Solicitó compulsas.

La Secretaría Derechos Humanos de Mendoza adhirió al pedido del Ministerio Fiscal con respecto a Furio y asimismo solicitó se comunique la sentencia al Ministerio de Defensa de la Nación para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración.

La Secretaría Derechos Humanos de la Nación (querella), con relación a los imputados por los que acusa Bruno, Oyarzabal, Furio, Fernández y Morellato, solicitó presión perpetua, inhabilitación perpetua, además cárcel común y detención inmediata. Adhiere a las compulsas solicitadas.

Roberto Vélez (querella particular), representado por el abogado Martín Vergara, adhirió a lo solicitado por la Fiscalía.