El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso el procesamiento de Juan Carlos Quispe, Wilma Chacolla Marca, Valentín Mamani Lecoña, Graciela Choquetarqui Marca y Virginia Mamani Lecoña, por considerarlos coautores de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país, y a Efraín Serrano Mamani, Santos Álcon Huanacuni, Agustín García Álbarez, por considerarlos partícipes necesarios también de esos delitos.

La medida fue adoptada por el magistrado en función de la investigación realizada a partir de la denuncia de  la Administración Federal de Ingresos Públicos –el 30 de abril último-, que motivó los allanamientos de tres talleres textiles clandestinos, ubicados en Santander 873/5, Del Barco Centenera 1878/80 y Doblas 1435/7, de los cuales participó personal de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur” de Gendarmería Nacional Argentina.

Como consecuencia de aquellas medidas, se determinó que en esos tres inmuebles vivían y trabajaban -durante jornadas laborales que se extendían hasta 12 horas- 57 personas de nacionalidad boliviana en condiciones de total hacinamiento, inseguridad, falta de higiene total, e incluso vigilados mediante cámaras de seguridad. Allí, además se descubrieron paredes y muros falsos hechos para ocultar parte de los talleres clandestinos y cuartos donde dormían las víctimas, que en algunos casos no superaban los ochenta centímetros de altura.

A partir de la documentación secuestrada en los allanamientos, se supo que las personas que fueron procesadas formaban parte de la Cooperativa de Trabajo Taverguis –creada el 27 de abril de 2006-, la cual tenía como objeto la confección de prendas de vestir y funcionaba de hecho en aquellos tres inmuebles, fabricando ropa para las marcas “Narrow”, “M 51”, “Zurah Jeans” y  “Berry Blue”. A su vez, en función de la prueba que vinculaba a los talleres con las marcas, se ordenó el allanamiento de sus oficinas administrativas.