En el marco de la causa del Primer Cuerpo del Ejército, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura, Juan Alfredo Etchebarne, el Coronel (retirado) del Ejército Francisco D´Alessandri, el Comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y el agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti.

Los imputados fueron acusados por su intervención en los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre del año 1978, quienes fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del General Carlos Suárez Mason

Las víctimas se encontraban vinculadas a los grupos económicos Chavanne y Grassi, los que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver.

Bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de “subversión económica”, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento.

La investigación judicial, iniciada en junio de 2010, recabó testimonios de numerosas personas, entre quienes se encuentra la mayoría de las  víctimas y analizó un copioso conjunto de documentación proveniente de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

También, en agosto de 2011, se realizó con las víctimas una inspección ocular en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, -Unidad nro. 34 del  Servicio Penitenciario Federal, ex Cárcel de Encausados-, sitio en el  cual los integrantes del grupo permanecieron en cautiverio

La resolución del Juez Rafecas, de más de 400 páginas, pone de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores.     

En ese contexto se conformó un grupo de tareas en cabeza del Coronel del Ejército Roberto  Roualdes (fallecido), quien designó como Jefe del mismo a Francisco D´Alessandri, encontrándose entre sus integrantes el Comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei. Raúl Guglielminetti, por su parte, intervino en determinados operativos de secuestro que cometió ese grupo.

Entre las víctimas del terrorismo de Estado reconocidas como tales en este procesamiento se encuentran los hermanos René y Luis Grassi, co-titulares del grupo empresario rosarino “Industrias Siderúrgicas Grassi”; así como algunos de sus gerentes y directivos, como Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y hasta una secretaria privada, como Rosa Laurito de Ernaiz.

Del “grupo empresario Chavanne”, fueron víctimas sus titulares, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne, así como también la esposa de este último, Sara Duggan y su socio Jorge Tejerina.

Así como también, altos funcionarios del Banco de Hurlingham, como los directivos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein.

Por último, también fueron secuestrados altos funcionarios de la Bolsa de Comercio, como Alberto Cordeu, Jaime Benedit e Isidoro de Carabassa; y finalmente, los titulares de estudios jurídicos Mario Satanowsky y  Eduardo y  Raúl Aguirre Saravia.