La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el presidente Gustavo M. Hornos y los vocales Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, adjudicó la competencia a la Justicia federal para que continúe investigando en una causa la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Se trata del caso de una mujer que habría sido explotada sexualmente en su domicilio particular y en la denominada “zona roja” de la provincia de Salta por su ex pareja quien le habría sustraído documentación y le habría exigido la entrega de 500 pesos en forma diaria, bajo amenazas.

Se puso de resalto la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraría la víctima de los hechos investigados, que presentaría una discapacidad del 86 por ciento.

Por estos motivos, la Justicia Federal de Salta debe establecer la posible comisión del delito de trata de personas, con fines de explotación sexual.

La decisión adoptada es la que mejor se adecua a los principios de economía procesal y mejor administración de justicia y a los parámetros establecidos en el Protocolo para Prevenir, Reprimir, Combatir y Sancionar el Delito de Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.