Con la exposición del representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, finalizó la etapa de alegatos de las querellas. Los cuatro representantes solicitaron la pena de reclusión perpetua en cárcel común para cinco de los seis imputados, en el juicio que investiga el secuestro de Iris Pereyra de Avellaneda y la muerte de su hijo, el militante Floreal Avellaneda, ambos hechos ocurridos en 1976.

El lunes, el fiscal Marcelo García Berro presentará su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín, a cargo de los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti, que  lleva adelante el proceso en el que ya declararon 55 testigos.

El hecho investigado sucedió el 15 de abril de 1976. Se trata de la privación ilegal de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, la imposición de tormentos a ambos y el homicidio de éste último, cuyo cadáver apareciera en las costas de Uruguay el 14 de mayo de ese año. Su madre, en tanto, fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.

Los imputados son: Santiago Riveros, que fuera comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Osvaldo García, que estaba a cargo de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo; César Fragni y Raúl Harsich, quienes se desempeñaban en la citada escuela; Fernando Verplaetsen, jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, y Alberto Aneto, ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien cumplía funciones en la Comisaría de Villa Martelli.

Aneto fue el único de los imputados que decidió declarar ante el tribunal y negó todos los cargos en su contra.

Las cuatro querellas son: Iris Pereyra y su marido, Floreal Avellaneda, representados por Jorge Brioso de Armas; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Federación Juvenil Comunista y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que encabeza la querella de otros organismos oportunamente unificados.

En tanto, la fiscalía está representada por el fiscal general Marcelo García Berro, y los dos fiscales coadyuvantes Javier De Luca y Juan Patricio Murray.

El juicio oral comenzó el 23 de abril en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Martín, ubicada en Av. Balbín 1753, San Martín, provincia de Buenos Aires.