El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, ordenó este martes la entrega de tres domicilios ubicados en el interior de la villa 31 a las autoridades de la Dirección de Acceso a la Justicia y su programa ATAJO de la Procuración General de la Nación, para la creación de una “Biblioteca popular de Derecho”, y a las autoridades de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la construcción de un Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral y un Centro Educativo para Adultos.

En la resolución, el magistrado explicó que se verificó que aquellos sitios eran utilizados exclusivamente para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes, por cuanto se constató que en los mismos se comercializaban, almacenaban, fraccionaban y distribuían las sustancias secuestradas, así como también servían para el resguardo de armas de fuego. Además, advirtió la existencia de fundados riesgos de que los domicilios sean reutilizados para aquellos fines ilícitos, ya sea por otras bandas o por integrantes de la misma organización criminal investigada que están siendo buscados.

Tanto el juez como el fiscal hicieron especial hincapié en la necesidad de dar respuesta a los problemas que se suscitan en esta clase de investigaciones -en las que se observa que el tráfico de estupefacientes afecta a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad-, mediante la entrega de los inmuebles a los mencionados organismos, los cuales en definitiva atienden a la prevención de adicciones y a la inclusión social de las personas.

La decisión fue adoptada en el marco de la causa en la que el pasado 22 de abril se decretara el procesamiento con prisión preventiva de 14 imputados por los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por llevarse a cabo de manera organizada y con la intervención de tres o más personas, quienes utilizaban para ello distintos lugares y locales de comercio, algunos en inmediaciones de establecimientos educativos y deportivos, y concretándose el comercio de estupefacientes entre menores de edad, en concurso real con la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso condicional, en concurso ideal con la tenencia ilegítima de explosivos.