La forma en que debe proveerse el servicio de administración de justicia constituye un reclamo social de actualidad. Los principios orientadores tendientes a una Justicia eficiente, transparente e igualitaria son los siguientes:

1) Eficacia y eficiencia en la gestión. Todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, se trate de casos por delitos simples o complejos, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso, pues, fiel al adagio popular, la justicia lenta… no es justicia.

Cuando la Justicia actúa tarde, la pena no cumple su fin: ni modifica los patrones de conductas de quienes delinquen ni da sensación de seguridad al resto de la población.

2) Celeridad: respeto a los plazos procesales, evitación de demoras innecesarias, seguimiento de pedidos ante otros tribunales y el establecimiento de algunas prioridades según el caso en cuanto a la tramitación, teniéndose en cuenta las causas con mayor urgencia, en función de, entre otros aspectos, si hay personas detenidas, la posible prescripción de la acción penal, el derecho de la/s víctima/s, la trascendencia institucional del caso, sin desatender, desde ya, el universo total de expedientes que tramitan en el juzgado/tribunal .

3) Economía procesal: evitar la realización de medidas, requerimientos o actuaciones no exigidas legalmente ni necesarias para la resolución de los recursos que vienen a estudio del tribunal (conforme las “Reglas prácticas” elaboradas por la Cámara Federal de Casación Penal, Acordada Nº 1/12 de la CFCP, del 28/2/2012).

4) Transparencia: publicidad de las audiencias y comunicación de las sentencias adoptadas por el tribunal. Utilización de un lenguaje claro y sencillo. En su caso, de ser necesario, que los jueces expliquen a la sociedad sus sentencias, todo lo cual transparenta la función judicial. Difusión a través de los canales establecidos (Centro de Información Judicial) y demás medios de comunicación. En este sentido, la recopilación y puesta en conocimiento pública de datos estadísticos en cuanto al funcionamiento del tribunal, como así también de las sentencias, es un instrumento que sirve para medir la gestión cuantitativa y cualitativa del juzgado/tribunal.

5) Igualdad de trato: tanto en lo que respecta a las partes, a los distintos abogados que actúan ante el tribunal, como a las personas no abogados (imputados, víctimas y familiares) que acuden al juzgado/tribunal en busca de información o asistencia. Asimismo, garantizar la perspectiva de género y de las personas con algún nivel de discapacidad, tanto en las designaciones como igualdad en la consideración y distribución interna de tareas del tribunal.

6) Humanización y respeto al prójimo: detrás de cada expediente subyace un conflicto penal con imputados y víctimas, las cuales deben ser atendidas teniendo presente su situación física, social y emocional, para garantizar un trato humano.

7) Presentación de declaraciones juradas patrimoniales: los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios (desde secretario o prosecretario letrado) –efectivo, interino o contratado-, y sus cónyuges, deben presentar la declaración jurada patrimonial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma anual, durante el mes de mayo de cada año conforme la ley de ética pública.

8) Especialización y capacitación. Los jueces, fiscales y defensores se deben especializar y capacitar (para lo cual se deben crear los ámbitos de capacitación) para luego organizar el trabajo y transmitir sus conocimientos y experiencias a sus empleados, los cuales deben ser seleccionados teniendo en cuenta distintos aspectos, la experiencia laboral, los méritos académicos.

La capacitación hoy en día se da en temas tales como narcotráfico, violencia de género, trata de personas, inseguridad, delitos económicos y contra la administración pública, entre otros.

Constituye un imperativo de aquellos funcionarios efectuar un despliegue inteligente de los recursos tecnológicos, materiales, humanos y de la información. Debe establecer un plan de acción al que deben exigírsele resultados.

9) Rendición de cuentas. Los jueces, fiscales y defensores deben rendir cuentas de sus actos y demostrar su productividad mensual, semestral y/o anualmente ante los organismos de control establecidos por la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias y ante la ciudadanía, para que de esta forma se efectúe un control de gestión judicial que aumenta la productividad en términos de eficacia y eficiencia.

​En la actualidad, el control no debería desatender las investigaciones por los delitos económicos (particularmente, contrabando, evasión fiscal y lavado de activos), narcotráfico y corrupción.

10) Protocolo de tareas del juzgado/tribunal: establecer un método de trabajo uniforme para la realización de todas las tareas referidas a la tramitación de expedientes en la secretaría del tribunal, mediante la elaboración de organigramas y reglamentos escritos que distribuyan de modo eficiente y equitativo las cargas y responsabilidades laborales entre el personal, y fijen parámetros claros para la realización de las tareas. En tal contexto, se alienta la reevaluación permanente de la eficiencia y eficacia de los procesos reglados, a fin de impulsar mejoras en los mismos.

De esta forma se pretende lograr la jerarquización de la administración de justicia como un servicio público fundamental para la sociedad.

Mariano Hernán Borinsky es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho, profesor Universitario UBA, UTDT y UA, y director de la obra “Gestión Judicial Pública”.