Por primera vez en Córdoba se impuso a un agresor una tobillera, como se denomina al dispositivo dual de protección a la vida y a la integridad psicofísica de las víctimas de violencia familiar o de género. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza con competencia en Violencia Familiar y de Género, Laila Córdoba, en el marco de una causa en la que se investigan las denuncias formuladas por una mujer contra su expareja (de 37 años).

En virtud de lo resuelto por la magistrada, a la víctima se le entregó un equipo electrónico (similar a un teléfono celular) que permite registrar cualquier acercamiento; mientras tanto, el denunciado deberá llevar consigo, en todo momento, otro equipo. Esto posibilitará que, si se detectara que media una proximidad inferior a los 1.500 metros entre la denunciante y el denunciado, el dispositivo dual emitirá una alerta a un centro de monitoreo a cargo de la Policía provincial, que intervendrá inmediatamente.

Sobre el denunciado ya pesaba una orden de restricción y a la mujer se le había otorgado un botón antipánico. No obstante, a raíz de una nueva denuncia formulada por la mujer, la magistrada consideró que tal mecanismo era insuficiente y, por ende, por las particularidades del caso, resolvió que resultaba más seguro disponer el empleo de la tobillera, en forma cautelar, durante 90 días. Este plazo, eventualmente, podrá prorrogarse si las circunstancias así lo aconsejaran.

Para mayor seguridad

Cabe aclarar que este sistema de protección no reemplaza al botón antipánico, sino que ofrece a los órganos judiciales un nuevo recurso para garantizar la seguridad de las personas que denuncian episodios de violencia.

El protocolo para la implementación de este mecanismo había sido autorizado, en diciembre pasado, por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante el Acuerdo Reglamentario n.º 144. Este establece que, como experiencia piloto, la entrega de los dispositivos duales será determinada por un juez con competencia en Violencia Familiar y de Género, que deberá evaluar los indicadores de gravedad, registrados en el anexo del formulario de denuncia; las constancias de la causa; y el informe de riesgo elaborado por los Equipos Técnicos del Poder Judicial.

Dichas pautas de actuación fueron consensuadas por todos los órganos que intervienen en el abordaje institucional de la problemática; esto es, la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar -que dirige la vocal del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati-; la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia; el Equipo Técnico del Poder Judicial de Córdoba; y el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía de la Provincia.

Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba