La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, con la intervención de los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, resolvió este viernes la causa n° CFP 18.051/2016/26/CA8, del registro del Juzgado Federal n° 12, Sec. n° 24. Allí, el tribunal confirmó la decisión del juez Torres de procesar con prisión preventiva a más de veinte personas bajo los cargos de haber integrado una organización principalmente dedicada al narcotráfico que operaba en el asentamiento conocido como “villa 1.11.14”, del Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión se enmarca en el contexto de una mega-investigación iniciada hace varias años en el juzgado federal n° 12, que ha tenido diferentes tramos, muchos de los cuales ya fueron juzgados en debate oral, arribando a condenas de prisión. La verificación, por parte de los investigadores, de que la actividad del grupo fue mantenida en el tiempo, llevó a continuar con las averiguaciones –principalmente con tareas encubiertas e intercepciones telefónicas- que derivaron en más de sesenta allanamientos en puntos de esta ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Según surge de la resolución, “en total, fueron secuestrados más de 15.057 gramos de cocaína, diseminados en más de 13.885 envoltorios, los cuales se encontraban cerrados por cintas que, de acuerdo a la calidad del alcaloide contenido, varían en su color (roja alta calidad, negra para ‘paco’); alrededor de 681.099 gramos de marihuana, compuesta por más de 911 envoltorios de nylon y 260 ladrillos; sustancias que suelen utilizarse para ‘cortar’ los estupefacientes; múltiples artículos empleados para el acondicionamiento y fraccionamiento de la droga (balanzas, cuchillos, tijeras, cintas de embalar, envoltorios de similares características para identificar el tipo de sustancia, agendas con anotaciones referidas a cantidades de droga con distinciones sobre su calidad y nombres de los vendedores a los cuales se destinaba el material ya fragmentado), dinero en billetes de diferente denominación y tipo de moneda, cuya suma supera los $850.000; numerosas armas de fuego de diferentes calibres, cargadores y municiones -24 pistolas, 6 revólveres, 3 escopetas, 3 pistolas ametralladoras, entre otras-, y una importante cantidad de teléfonos celulares; entre otros elementos”.

Los jueces sostuvieron que el conjunto de indicios obtenidos de diferentes fuentes de prueba, avala la hipótesis de que la banda –presuntamente liderada por Marco A. Estrada González y su esposa, Silvana Salazar- “cuenta con organizadores que se encargan de recaudar el dinero colectado y brindar las directivas generales para la concreción de la maniobra; otros integrantes con alta jerarquía que trasmitían esas órdenes; individuos con la función de brindar seguridad para garantizar -mediante el uso de armas de fuego- que pueda ejecutarse diariamente, con éxito, la operatoria, amenazando o atemorizando a eventuales testigos; “punteros” apostados en las esquinas de las manzanas del asentamiento, que ofrecen diferentes sustancias -principalmente cocaína y pasta base- a ocasionales compradores; y ‘campanas’ cuyo objetivo es alertar sobre la presencia de personal policial en la zona. A su vez, se ha advertido que la organización cuenta con un fuerte predominio territorial en determinados puntos de la zona que son utilizados para concretar sus actividades”.

La faz económica de la operación fue especialmente enfocada, tanto en la investigación como en la resolución de la Cámara. Se advirtió cómo las ganancias en pesos originadas de la venta de drogas eran cambiadas por divisa extranjera (dólares y euros) para llegar a manos de los jefes y organizadores. Todas las semanas se repetía la secuencia, con mismos ejecutantes y “cuevas” usadas.

Para terminar, los jueces hicieron hincapié en el trabajo que ha venido realizándose en la investigación de los hechos y de la tarea que queda por encarar. Dijeron: “Desde, al menos, comienzos de la década pasada, la justicia criminal federal de esta ciudad ha venido investigando y juzgando grupos delictivos que operan en el asentamiento conocido como ‘villa 1-11-14’ (para una referencia sobre esto, ver descripción realizada por esta Sala en la causa n° 25.681 “Enríquez Alarcón”, reg. n° 27.403 del 28/9/07). Los resultados que se han obtenido en todo este tiempo son contundentes. En gran parte, la explicación de ello radica en la esforzada tarea que, desde el inicio de esta instrucción, ha realizado el juez junto a su equipo de trabajo. La mirada global sobre distintos hechos que, en un principio, podrían aparecer como aislados, ha permitido determinar la estructura –jerarquizada, con dominio territorial, acceso a armamento y drogas, etc.- que presuntamente está detrás de ellos”.

“A la par que se avanza sobre la información disponible, también surgen nuevas preguntas que la investigación busca responder, para actuar en consecuencia. La primera tiene que ver con el uso que la banda ha otorgado (u otorga) a los dividendos de su actividad. Frente a la hipótesis de que podrían ser canalizados en circuitos que le dan apariencia lícita, subyace la necesidad de concentrar los esfuerzos en procurar identificarlos, para inmovilizarlos, hacerse de ellos y dar con los responsables. Hay datos en la causa que sirven como premisas para dirigir cursos de acción concretos; el juzgado está –y debe seguir- profundizando sobre aquellos. Eventualmente, un avance cualitativo sobre lo que se conoce al respecto, podrá servir para dilucidar si hay más complicidades involucradas, aún no del todo aclaradas. La continuidad en el tiempo que ha marcado la operación del grupo (pese a los varios juzgamientos y condenas ya traspasados) y otras de las características desarrolladas en esta pieza, no permiten descartar que esto sea efectivamente así”, agregaron.