En el marco de la megacausa en que se investiga la actuación del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura,  y en relación con los hechos que tuvieron lugar en el centro clandestino conocido como “Coordinación Federal”, el juez federal Daniel Rafecas concretó la detención de doce ex integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal a quienes responsabiliza por su intervención en cuatro procedimientos ilegales, llevados a cabo entre 1976 y 1977, en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo marco siete personas resultaron muertas -cinco hombres y dos mujeres-, investigándose la hipótesis de que, en todos los casos, habrían sido asesinadas bajo premeditación y alevosía.

El primero de los procedimientos en cuestión tuvo lugar el 18 de mayo de 1976, en Yatay 707, piso 8, departamento 33 de esta Ciudad, lugar al que llegó una Brigada de la Superintendencia de Seguridad Federal, integrada por al menos 8 personas, quienes irrumpieron en el departamento que habitaban Jorge Hugo Casoy, su esposa María Marta Imaz Garzón, y donde también se encontraba Bernardo Levenson. El procedimiento realizado en el domicilio culminó que la muerte de sus moradores a manos del personal policial interviniente.

Como parte de la investigación vinculada a estos hechos, el juez solicitó la colaboración de peritos de Gendarmería Nacional, para efectuar una reconstrucción de los hechos ocurridos en el domicilio de las víctimas, con sustento en las autopsias, informes médicos legales y otros elementos existentes. Así, se constató que Bernardo Levenson recibió tres disparos, dos en abdomen y tórax, y uno en la cabeza, estableciéndose que este último fue hecho con el cañón del arma apoyado sobre el cráneo de la víctima.

En el caso de María Marta Imaz de Casoy, se constataron once heridas de bala, entre las cuales, siete en la región del tórax y una en el cráneo.

Finalmente, en el cuerpo de Jorge Hugo Casoy se constataron diecisiete heridas de bala, de las cuales nueve se produjeron en regiones posteriores del cuerpo y siete se localizaron en el cráneo. Asimismo, se pudo establecer que uno de los disparos que causó una de las heridas registradas en el cráneo, fue efectuado a menos de 20 cm de distancia de la cabeza de la víctima, circunstancia que denotaría que habría sido ultimado por la brigada policial interviniente.

Con relación a estos hechos, el juez Rafecas concretó la detención en los últimos días, de seis policías federales retirados: Rafael Oscar Romero -el oficial de mayor jerarquía que intervino en dicho procedimiento-, Daniel Pablo Amarillo, Manuel Luis Ichicovich, Horacio Alfredo Ortiz, Osvaldo Néstor González y Carlos Gaspar Blanco.

El segundo de los procedimientos ilegales tuvo lugar el 21 de octubre de 1976, cuando una brigada de cuatro miembros del Grupo de Tareas 4 con base de operaciones en la Superintendencia de Seguridad Federal, iniciaron la persecución de Ernesto Rolando Lowe –miembro de la organización Poder Obrero- quien se desplazaba en un Citroën rojo. Al llega a la esquina de Mariano Acha y Olazábal, Villa Urquiza, la comisión policial abrió fuego sobre el vehículo, causándole la muerte.

Las actuaciones labradas al momento de los hechos por la Comisaría 39ª dan cuenta de que los cuatro miembros del Grupo de Tareas 4 que participaron de esos hechos, dieron nombres falsos o nombres de cobertura. Hasta el momento se logró la identificación de dos de ellos, Osvaldo Néstor Messore –quien actuó bajo el apodo de “Osvaldo Mercader” y una de las personas cuya detención dispuso el juez Rafecas- y Obdulio Camilo Morón –quien falleció en el año 1996-.

La autopsia llevada a cabo respecto de Lowe permitió constatar la presencia de aproximadamente 40 impactos de bala diferentes partes de su cuerpo. A su vez, en el vehículo que utilizaba Lowe se constataron abolladuras y roturas por impactos de bala casi en toda la extensión de la carrocería. Estas circunstancias denotan el feroz y desigual ataque que se desató sobre la víctima, desde distintos ángulos y posiciones en derredor de la víctima, característico de una ejecución sumaria.

El tercero de los procedimientos ilegales que determinó las imputaciones efectuadas por Rafecas, se vincula con los hechos que tuvieron lugar la noche del 17 de marzo de 1977, y que terminó con la muerte de Mario Lerner. En este caso, se estableció que esa noche, se hizo presente en el domicilio de la calle Don Bosco 4125, piso 1°, depto. “C”, correspondiente a la familia Lerner, un nutrido grupo de personas armadas que obligaron al encargado a abrir la puerta del edificio e inmediatamente se dirigieron al departamento “C” del primer piso. Luego de ingresar al departamento, hirieron a Mario Lerner de dos disparos en el tórax y abdomen, quien luego cayó o fue tirado al jardín interior del edificio, desde donde fue llevado a la rastra hasta uno de los Ford Falcon utilizados por la comisión policial que estaba estacionado en la esquina de Quintino Bocayuva y Don Bosco, en cuyo baúl lo pusieron y donde habría fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

Con relación a estos sucesos, el juez Rafecas dispuso la detención la declaración indagatoria y detención de Miguel Ángel Carlos Olarte, quien al momento de los hechos era inspector de la Policía Federal Argentina, y a quien imputa el haber intervenido en dicho procedimiento.

El último de los procedimientos ilegales analizados por el juez Rafecas, tuvo lugar el 4 de enero de 1977 en el domicilio de la calle San Nicolás 2220, piso 1°, depto. “18” de esta ciudad, cuando una brigada de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, compuesta por al menos 4 personas, irrumpió en la vivienda donde le dieron muerte a Carlos Gabriel Federico Jeifetz y Nora Beatriz Salvarezza.

Las autopsias practicadas sobre las víctimas, que fueron analizadas por especialistas en criminalística de Gendarmería Nacional, constataron que Nora Beatriz Salvarezza ostentaba nueve disparos, de los cuales cuatro disparos los recibió por la espalda, y uno de ellos directamente en la nuca. También se observaron en sus muñecas lesiones secundarias posiblemente correspondientes a medios de sujeción, aunque no se pudo establecer la data de las mismas; signos estos que podrían denotar un previo paso por un centro clandestino de detención y tortura.

En el caso de Gabriel Federico Jeifetz, siete fueron los disparos que recibió de la comisión policial que perpetró el allanamiento, varios de ellos recibidos de frente al tirador y un disparo en el cráneo que recibió por detrás.

Asimismo, se constataron en ambas víctimas lesiones provocadas por disparos en las manos, las cuales suelen ser compatibles con lesiones provocadas al intentar cubrirse de los disparos.

Por estos hechos, Rafecas concretó la detención de Alfredo Hugo Vidal –quien fuera uno de los líderes de la llamada “Banda de los Comisarios” dedicaba a los secuestros extorsivos en los años '80-, Lucio Tirao y Carlos Jorge Saraniti, todos policías federales retirados. La detención de Saraniti se concretó el 23 de marzo por la noche en la localidad cordobesa de Mina Clavero y fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires; el 24 de marzo por la tarde el juez Rafecas, junto a dos funcionarios de su Tribunal, le recibió declaración indagatoria a Saraniti, quien quedó posteriormente alojado en una unidad del Servicio penitenciario Federal.

Los doce imputados quedaron detenidos luego de ser indagados, a disposición de juez Rafecas, quien en los próximos días deberá resolver su situación procesal.