La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani (como vocales), resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y, luego de la celebración de la audiencia prevista en el art. 41 del C.P. ante esa instancia, condenó a la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento a un agente del Servicio Penitenciario Federal por resultar autor del delito de lesiones gravísimas, agravadas, por haber sido cometidas por un miembro de la fuerza penitenciaria, con motivo de su función, cargo o condición (arts. 91 y 92 en función del art. 80, inc. 9º del C.P.) e impuso la inhabilitación prevista en el art. 20 bis del C.P. por igual término.

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2007, aproximadamente a las 12.10, cuando Maciel, ayudante de 3ª del Complejo Penitenciario Federal nº 2 de Marcos Paz, le dio una patada al interno D.I.T en un costado de su abdomen y le provocó la rotura esplénica del bazo, órgano que por ello debió serle extirpado quirúrgicamente, con gran urgencia. Esto ocurrió mientras T. era víctima de una severa golpiza por parte, inclusive, de otros agentes del servicio penitenciario.

En la tarea de mensuración de la pena que correspondía imponer al imputado, los jueces consideraron especialmente la brutal golpiza recibida por el interno, el modo en el que la misma ocurrió, que se trataba de una persona detenida, portadora de HIV y Hepatitis, recién ingresado al penal y previamente esposado, al que le causaron múltiples lesiones, una de ellas gravísima, y el trato posterior brindado, excediendo ampliamente el presupuesto de mínimo injusto punible subyacente en la figura agravada aplicada.

Resaltaron también que el golpe puso en riesgo de vida al interno, quien tuvo que ser internado y finalmente operado para extirparle el bazo; órgano cuya función principal se encuentra vinculada con el sistema inmunológico, que en el caso de un interno portador de HIV y con hepatitis casi lo mata.

En la sentencia, se recordó que el Estado asume una posición de garante respecto de las personas privadas de su libertad —en virtud de la especial relación de sujeción— en la que debe asegurar y respetar los derechos humanos básicos y fundamentales.