El juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, citó a declaración indagatoria a 27 personas, 15 de ellas funcionarios, acusadas de instaurar -al menos entre 2013 y 2016-, un sistema permanente de cartelización de las licitaciones realizadas por Vialidad Nacional, Distrito N° 1, que abarca el territorio la Capital Federal y gran parte de la Provincia de Bs. As., por un monto de al menos 14 millones de pesos. Entre los convocados se encuentra el exjefe del citado Distrito 1 de Vialidad Nacional, Leandro Sverdlik.

En estas indagatorias, se imputarán los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, falsificación de documentos privados, falsedad ideológica de instrumentos públicos y asociación ilícita.

Además de los funcionarios sospechados, habrían formado parte de la asociación ilícita una docena de particulares -también citados a indagatoria-, que actuaron como proveedores del Estado, entre ellos, monotributistas y dueños de sociedades comerciales creadas al sólo efecto de intervenir en estas licitaciones o que cambiaron llamativamente su objeto social para ello.

En connivencia con los funcionarios, se habrían simulado contiendas de precios entre los particulares que, en muchos casos, son familiares directos entre sí.

A la vez, hay elementos de prueba que indican que se habrían cometido múltiples fraudes en perjuicio de la administración pública a través del pago de sobreprecios, pago de coimas, falsificaciones documentales, entre otras maniobras.

La hipótesis delictiva que en concreto se investiga en el marco de esta causa señala que entre 2013 y 2015 se habrían concretado al menos 273 operaciones comerciales –locaciones de obra, de servicio y compraventa de bienes- en cuyos expedientes administrativos se falsificaron las invitaciones, las constancias de retiro de los pliegos de condiciones y, hasta en ciertos casos, incluso las ofertas de precios.

Concurrentemente, se sospecha que determinadas personas físicas y jurídicas habrían servido al concierto de voluntades para direccionar a su favor y el de sus cómplices las adjudicaciones que se decidían. La mayoría de ellas integran el “top 20” de proveedores con mayor monto adjudicado por ese Distrito durante esos años y, en muchos casos, se trata de proveedores vinculados por lazos de parentesco. Por ejemplo, existen licitaciones en las cuales algunos de los oferentes y adjudicatarios resultaban ser o bien cónyuges (en varios casos); o bien padre e hijo; o bien tía y sobrina; entre otros lazos directos que unían a los supuestos contendientes. En otros casos, se falsificaban todos los sellos y firmas de empresas reales que nunca fueron convocadas; y en otros las empresas eran directamente inventadas, todo ello para cumplir en apariencia con los requisitos formales de las licitaciones.

La denuncia inicial, realizada por la actual gestión de Vialidad Nacional, a partir de una auditoría interna, dio cuenta de sospechas sobre el trámite en 13 expedientes, no obstante, la investigación llevada adelante por el Juez Rafecas ha detectado irregularidades sistemáticas en 52 licitaciones realizadas por el Distrito I, que totalizan un monto adjudicado de pesos catorce millones trescientos sesenta y siete mil nueve ($14.367.009,41).

Solamente en el caso de un proveedor monotributista, se presume que todas las operaciones de compraventa fueron simuladas en tanto que los importes pagados por Vialidad ($1.865.072,90) fueron subfacturados por ese proveedor en exactamente un 1.000%.

Otro caso singular es el de un proveedor de repuestos de autos a quien se adjudicó la compra de 191 baterías en tan sólo seis meses, por modelos de vehículos y volúmenes incongruentes con la flota de rodados del Distrito en aquel entonces.

Por este expediente la Justicia Federal allanó más de veinte domicilios, entre ellos el local de repuestos de autos en donde se hallaron notas manuscritas vinculadas a una operación comercial en las cuales se haría alusión al reparto de coimas, con indicaciones que apuntarían a funcionarios destinatarios de los retornos ilegales y sus montos.

Las indagatorias comenzarán a partir del lunes 24 de septiembre próximo y se prevé que declaren, además de quien fuera titular del Distrito I, Leandro Sverdlik, además de Gladys Pedernera (Jefa Sección Licitaciones y Compras), Luis Daniel Lozano (Jefe División Administración), Carlos José Santella (Jefe Sección Apoyo), Ana Laura Wolcan (Jefa Sección Legales y Sumarios), Marcial Rojo (Jefe Sección Mantenimiento), entre otros integrantes del organismo.

Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3