Con la declaración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúa como parte querellante, comenzaron este miércoles los alegatos en el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.

El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos continuará este jueves, a partir de las 9.30, para luego darle lugar a los demás querellantes: la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín, y se investigan delitos cometidos en Campo de Mayo. Arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas. Se trata de la segunda causa que llega a esa instancia procesal por violaciones a los derechos humanos cometidas en esa jurisdicción.

El tribunal está integrado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros, y está previsto que el debate se extienda hasta marzo de 2010.

El proceso acumula cuatro causas en las que se encuentran imputados:

- Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo)
- Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo)
- Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)
(Cabe recordar que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda).
- Reynaldo Benito Bignone (segundo comandante del Comando de Institutos Militares en 1977)
- Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”)
- Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978)
- Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).

Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978.