La Corte Provincial dispuso un plazo de 60 días para que el Gobierno ponga en marcha un plan que revierta la precariedad de unidades carcelarias y policiales de Corrientes.
 
 
Suscripta en el último Acuerdo Ordinario del año, la resolución del STJ intima al Ejecutivo y al Ministro de Gobierno y Justicia a que en el plazo de 60 días de notificados adopten las medidas conducentes que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias y policiales.
 
Asimismo ordena “que hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de detenciones que importen un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de contrariar los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”, y solicita se informe al STJ cada veinte días respecto de las medidas dispuestas y su ejecución, bajo apercibimiento de hacer efectivas las responsabilidades institucionales y penales que correspondan.
 
La decisión de la Corte Provincial fue tomada en base a las deficiencias registradas en la Unidad Penal N° 1 y en la Unidad N° 6 de Procesados General José de San Martín (ubicada en las afueras de la Capital). Celdas sin ventanas y sin luz natural, cables de electricidad expuestos, instalaciones sanitarias en mal estado, abundamiento de mal olor y moscas, escasa circulación de aire, calor excesivo, deficiencias edilicias de todo tipo han sido algunas de falencias descritas por los jueces en sus regulares inspecciones a estos centros de detención. El hacinamiento, sumado a que no están cubiertas las necesidades básicas de higiene y limpieza, tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia con peligro para la integridad física y psíquica –y la vida misma- de los internos y también del personal penitenciario o policial.
 
Para el STJ es evidente que no se están cumpliendo con los estándares jurídicos fijados en materia penitenciaria por la Constitución Nacional y diversos Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y cuenta de ello dan las numerosas actuaciones administrativas iniciadas desde hace dos años y medio.
 
Ante cada caso denunciado, el Poder Judicial puso en conocimiento al titular del Ministerio de Gobierno y Justicia de Corrientes para que implementara políticas conducentes a solucionar las condiciones señaladas. Sin embargo, hasta la fecha no se han recibido del Poder Ejecutivo respuestas pertinentes, ni tomado las medidas que denoten eficiencia. Tampoco se ha revertido la “acuciante situación” en que vive la población penal y las personas relacionadas a esos servicios.
 
Copia de la esta Resolución fue elevada a la Remitir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.