A través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que comenzará a monitorear las causas que involucran delitos de lesa humanidad.

La decisión -aseguran en el Alto Tribunal- se enmarca en una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, enfocada en la persecución de los delitos de lesa humanidad.

Entre los puntos más relevantes, la acordada pondrá en marcha un sistema de seguimiento de las causas de lesa humanidad a través de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, un organismo especial que tendrá la facultad de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de esos procesos.

En la misma linea, exhortará a los jueces a acelerar los procesos que tengan en trámite, recordándoles que deben cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho al debido proceso en tiempo razonable.

También exhortará al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estas causas y a poner en marcha el Plan de Informatización Judicial para digitalizar las causas.

Asimismo convocará a los otros poderes del Estado y a la Procuración General de la Nación a coordinar medidas para agilizar el trámite de los procesos.

En el marco de la trascendencia institucional que reviste para el Alto Tribunal la situación de las causas que involucran delitos de lesa humanidad, también se elaboró un informe sobre el estado de evolución de las mismas (ver en documento adjunto).

Del relevamiento se pueden advertir como conclusiones principales:

- Se deben crear más tribunales orales para llevar adelante los juicios. En ese sentido, la Corte recordó que en julio último requirió al Ministerio de Justicia de la Nación que se crearan otros dos tribunales orales más que complementen los seis existentes en el fuero criminal y correccional federal de la Capital, recordando además que sólo uno de ellos (el Tribunal Oral 5) se encuentra dedicado exclusivamente a sustanciar los juicios orales. Hasta el momento no hubo respuesta a ese pedido.

- Se necesitan reformas procesales urgentes, dado que el código procesal actual es obsoleto. Según la Corte, las deficiencias del Código Procesal constituyen la principal razón de demora de estos juicios.  En cuanto a la reforma referida a la tramitación oral de los recursos, "al ser indiferenciada ocasiona numerosos problemas y en algunos casos, mayores demoras. Por esta razón se ha solicitado que se reforme para aplicarla a los delitos de mayor gravedad", señala el informe. 

Además advierte: "Para el caso en que se concreten los juicios orales no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad. Hay un reiterado reclamo para que el Consejo de la Magistratura construya o alquile salas de audiencias en capital y en algunos lugares del interior".

Maria Bourdin
mbourdin@csjn.gov.ar