El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de juez Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a dictar un reglamento que fije plazos concretos en los procedimientos de control industrial en esa zona hídrica.

Fue a partir de un caso, en donde desde la toma de muestras en el control a una empresa y hasta la elevación de las actuaciones a la dirección correspondiente transcurrieron más de seis meses, “evidenciando una clara deficiencia en los plazos del proceso interno para el dictado de las declaraciones de agente contaminante, y consecuentemente un retraso en las presentaciones de los Programas de Reconversión Industrial… cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos), previniendo los eventuales daños que la actividad pudiere generar”, aseguró el magistrado.

Con la fijación de plazos concretos se busca, según Armella, un rápido y eficaz dictado de los actos administrativos de declaración de agentes contaminantes en los procesos creados a los fines del control industrial, evitándose así que se repita una situación “irregular” como la ocurrida en aquel caso.

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En la misma resolución, el juez requirió a ACUMAR publicitar el eventual acto administrativo de declaración de agente contaminante de la empresa que resulte implicada, el resultado de los programas de reconversión industrial analizados y cualquier otro acto dictado en consecuencia de los nuevos procesos que fueran creados.

Ello, con miras a coadyuvar al control industrial, a fin de que las asociaciones de usuarios y consumidores y, en su caso las casas matrices de las empresas implicadas, tomen conocimiento de aquella situación.