El Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal retomará el 1º de noviembre las audiencias de alegatos en el juicio oral por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo durante el último gobierno de facto.

Ese día, los jueces Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori continuarán escuchando la exposición del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, las querellas solicitaron durante sus alegatos las siguientes penas:

- Centro de Estudios Legales y Sociales (representa a Carmen Aguiar de Lapacó): prisión perpetua para Samuel Miara, subcomisario (R) de la PFA; Julio Héctor Simón, oficial (R) de la PFA; Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino; Raúl González, comisario (R) de la PFA; Eufemio Jorge Uballes, subcomisario (R) de la PFA; Eduardo Emilio Kalinec, comisario (R) de la PFA; Roberto Antonio Rosa, oficial (R) de la PFA; Juan Carlos Falcón, principal (R) de la PFA; Luis Juan Donocik, comisario (R) de la PFA; Oscar Augusto Isidoro Rolón, oficial (R) de la PFA; Guillermo Víctor Cardozo, primer alférez de Gendarmería Nacional; Eugenio Pereyra Apestegui, primer alférez de Gendarmería Nacional; Juan Carlos Avena, oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal; Ricardo Taddei, principal de la PFA, y Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino.

- Rodolfo Yanzón y Lucía Tejera: prisión perpetua para los quince acusados.

- Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria Thus, representantes de Eduardo De Pedro: prisión perpetua para Carlos Alberto Roque Tepedino, jefe del Batallón de Inteligencia 601; Mario Alberto Gómez Arenas, segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601; Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino, y Juan Carlos Avena -oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal.

Cabe recordar que De Pedro es querellante en la causa “Tepedino”. Allí se investiga el hecho que habría acontecido el 11 de octubre de 1978, cuando personal de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, en apoyo del Primer Cuerpo de Ejército, habría ejecutado un procedimiento en el cual se habría producido el homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora De Pedro (embarazada de ocho meses al momento del hecho). En el domicilio se encontraba el querellante cuando era menor, quien habría sido sustraído por las fuerzas intervinientes y entregado a su familia recién el 13 de enero de 1979.