El Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal retomará este martes el juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, durante el último gobierno militar.

Durante la audiencia, los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas ofrecerán a los imputados la posibilidad de brindar sus últimas palabras y luego fijarán la fecha de lectura de la sentencia.

El debate tiene como imputados a Eduardo Cabanillas (ex coronel), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE).

En tanto, el próximo 22 de marzo se espera que el tribunal ofrezca la oportunidad a los acusados de expresar sus últimas palabras y luego fije la fecha de lectura de la sentencia.

Las penas solicitadas

En tanto, durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.

Por otro lado, las querellas solicitaron las siguientes penas:

- Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.

- Gonzalo Romero (que representa a un grupo de ciudadanos uruguayos): 25 años de prisión para los cuatro acusados.

- Rodolfo Yanzón (abogado representante de un grupo de familiares de víctimas): reclusión perpetua para Cabanillas y 25 años de prisión para el resto de los imputados.

-Centro de Estudios Legales y Sociales: prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo.

En el proceso se investiga a los cuatro acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en el barrio de Flores, en la Capital Federal, en una cuadra de viviendas comunes, y estuvo por entonces bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.