Por medio de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación agilizó la descontaminación y compactación de vehículos que se encuentren secuestrados e involucrados en una causa judicial y no corresponda la entrega a sus propietarios.

Para ello, la norma obliga a los jueces a informar a la autoridad encargada de su depósito, transcurridos seis meses desde el día del decomiso del automotor, la posibilidad de gestionar su descontaminación, compactación y disposición como chatarra.

El Máximo Tribunal tuvo en cuenta que si bien la ley 26.348 exige a quien tuviera a su cargo la custodia del vehículo a gestionar la descontaminación dentro de aquel plazo, “en la generalidad de los casos la falta de comunicación por parte de los magistrados demora el proceso de compactación o reducción de los automotores, acumulándolos en los predios y generando una mayor contaminación al medio ambiente”.

Y agregó que la Corte, como Poder del Estado, “debe intervenir frente a esta problemática con el fin de agilizar el procedimiento previsto en la mencionada normativa, procurando la descontaminación de los predios ocupados por estos bienes”.