El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, dispuso el archivo de una causa iniciada por el corte de calles y vías durante una manifestación, hecho ocurrido en diciembre último en cercanías a la estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado consideró que  los hechos investigados no consituyen delito.

La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de la prevención policial efectuada por personal de la División Urquiza de la Policía Federal Argentina en la intersección de la Avenida Guzman y la Avenida el Cano a raíz de que unas 80 personas de las agrupaciones “Movimiento Nacional Ferroviario”, “Proyecto Sur”, “Barrios de Pie”, “Libres del Sur”, “Discapacitados por el Tren”, “Movimiento de Desocupados Ferroviarios”, “Asociaciones de Usuarios y Empleados de la empresa TEA” se ubicaron, aproximadamente a las 18:00 horas en la proximidad de la boletería que expende los pasajes del tren “Gran Capitán” exhibiendo pancartas. Luego de ello se dirigieron a la Avenida Federico Lacroze donde se ubicaron por aproximadamente tres minutos.

Posteriormente, indica la resolución, las agrupaciones “Movimiento Nacional Ferroviario” y “Proyecto Sur” marcharon por la Avenida Guzmán hacia el paso nivel ubicado en la intersección con la Avenida el Cano y procedieron al corte de la circulación vehicular, como así también de los trenes, retrasándose la salida de una formación que debía partir a las 19.30 horas de la Estación Lacroze con dirección a General Lemos. Dichas agrupaciones se retiraron a las 19.35 horas aproximadamente.

Para el magistrado, "resulta imposible desconocer que la manifestación pacífica en la vía pública es un modo razonable de ejercer el derecho que tienen los ciudadanos de hacer escuchar sus reclamos y peticionar, y que ese derecho no puede ser suprimido ni vulnerado arbitrariamente por el poder público".

En el caso concreto, agregó, "el único derecho de terceros que se habría afectado en el marco de la manifestación en cuestión ha sido el de transitar libremente. Este derecho, a su vez, se encuentra fuertemente reglamentado por numerosas normas de tránsito (nacionales o locales) y también limitado por el derecho de otros a usar ese espacio para, entre otras cosas, reunirse y manifestarse a favor o en contra de algo".

"Lo dicho nos permite adelantar que el corte ocurrido en la Avenida Federico Lacroze hasta la Avenida Guzman y en el paso a nivel ubicado en la intersección de ésta con la Avenida El Cano que retrasó, aproximadamente unos cinco minutos la salida de una formación de tren, se ha encontrado amparado por el ejercicio legítimo del derecho de reunión, pues en todos ellos se ha constatado que existieron caminos alternativos que permitieron el paso de un lugar al otro, en tanto que, por otro lado, la manifestación apenas duró unos cuarenta minutos antes de ser levantada. Las molestias ocasionadas a los terceros no fueron mayores que las que suelen tolerar cuando la autoridad autoriza otro tipo de eventos populares como lo es un partido de fútbol o un típico espectáculo musical. En virtud de ello, la conducta de los imputados por estos sucesos se encontraron amparadas constitucionalmente, por lo que, de modo alguno, pueden ser alcanzadas por la tipicidad de ninguna figura penal", aseguró.

Asimismo dijo que “la única consecuencia que pudiera traer aparejada la realización de una manifestación pacífica por no contar con el permiso de las autoridades sólo podría ser, eventualmente, una sanción de tipo administrativa”.