La jueza Elena Liberatori dispuso, como medida cautelar, “dejar sin efecto las instrucciones dadas por las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Directores y/o Rectores de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires en ‘situación de toma por estudiantes’, relativas a la denuncia en comisaría, tal como surge de los incisos b) y d) del documento obrante a fojas 189 denominado ‘instructivo’”.

Fue ante una presentación los diputados de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Roberto Ruanova, Francisco Miguel Nenna y María José Lubertino, conjuntamente con Eduardo Marcelo López, en su carácter de Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Según la resolución de la magistrada, aquel inciso b) señala que en caso de toma del edificio, el rector/director como responsable directo del establecimiento deberá “concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento, a efectos de denunciar la ‘situación de toma’ (NO DENUNCIAR PERSONAS). Los ilícitos que se estarían configurando –según el criterio del fiscal– pueden ser violación de domicilio o usurpación (ambos delitos) y la contravención del art. 58 (ingreso o permanencia de personas en lugar público / privado contra la voluntad del titular)”.